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SINDICATO DE TRABAJADORES/AS A HONORARIOS DEL INE SE PRONUNCIAN

17 de Mayo, 2019 a las 4:26 pm

Frente a la declaración pública emitida por el Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística, ocurrida el día 13 de mayo, en relación con la presunta manipulación de datos en el IPC, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de INE (SINE) tiene el deber de informar lo siguiente:

                             

1.       Compromiso con nuestra labor pública

Como funcionarias y funcionarios que día a día trabajamos comprometidamente bajo el alero de la función pública y el compromiso con la ciudadanía, con el fin degenerar estadísticas de calidad, condenamos firmemente todo acto de corrupción y mal uso de datos, y en esa línea, apoyaremos cualquier medida que se implemente, con la finalidad de evitar que hechos como estos no sucedan.

 

2.      Impacto mediático y sus consecuencias internas y externas

Consideramos que la apuesta comunicacional de la Dirección Nacional del INE,así como del Ministro de Economía, aumenta el desprestigio de la imagen de la institución, dado que no sólo perjudica la legitimidad de los datos levantados, procesados y publicados, sino que además, atenta directamente con el quehacer diario de cientos de trabajadoras y trabajadores que son responsables de ese mismo levantamiento en terreno, y que, por ende, deben asumir la responsabilidad de la poca prudencia de terceros que, en este caso, debieron velar por nuestra dignidad laboral.

 

Por otra parte, nos parece preocupante que aun cuando no ha concluido ninguno de los dos procesos de investigación, es decir, tanto dentro de la institución como delMinisterio Público, el Ministro y la Dirección Nacional del INE se refieran públicamente a estos hechos, calificándolos como “indicios de manipulación”. Asimismo, creemos que el secreto de sumario normado por el estatuto administrativo debe ser respetado por todos y todas quienes nos desempeñamos en la administración pública.

 

Es importante recordar que dentro de la institución existen más de 70 productos estadísticos y no solo proyectos como IPC, ENE y Censo. De hecho estos últimos han sido cuestionados en reiteradas ocasiones por distintas autoridades, sin necesariamente existir procesos de evaluación y auditoría finalizados, por lo que entendemos que lo expresado anteriormente se ha transformado en una práctica habitual que debe ser erradicada.

 

3.      Una realidad incómoda: la precariedad del trabajo en el Estado

Durante esta administración, en reiteradas ocasiones el Ministro del trabajo Nicolás Monckerbergha cuestionado las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Ante esto, sugerimos que no solo se orienten los análisis a cuestiones cuantitativas o al porcentaje del (des)empleo,sino que además se ponga en el debate públicola calidad del empleo en el país. En este sentido, invitamos a todas las autoridades del Estado, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, a hacerse cargo de la gravísima situación que más de 300 mil funcionarios en distintas instituciones, como municipios, universidades, servicios del gobierno central, entre otros, que trabajan en condiciones de precariedad bajo la figura del “honorario” (sin contrato de trabajo ni garantías laborales). A esto se suma que, desde este año, como honorarios estamos obligados a cotizar debido a la errónea aplicación de la nueva ley de cotización a trabajadores independientes, a pesar de que nuestro empleador es el Estado, cuya evidencia la ha puesto el poder judicial en cientos de fallos que avalan nuestra subordinación y dependencia, y, por consecuencia, es el Estado con esta figura quiendebería hacerse cargo del pago de nuestras cotizaciones previsionales.

 

Por esta razón, pedimos que, de una vez por todas, la clase política del país entregue soluciones reales a cientos de miles de familias que se sostienen bajo la figura del trabajo a honorarios.

 

4.      Necesidad del país de contar con un INE autónomo

Por todo lo anterior, consideramos de suma importancia avanzar hacia una institucionalidad efectivamente autónoma, siendo esta figura la que permitirá que no intermedien intereses políticos ni económicos tanto en la interpretación de las cifras, como en el cuestionamiento de datos y metodologías, que han sido ampliamente desarrolladas y apoyadas por distintos organismos internacionales.

 

Cabe recordar el paro de funcionarios y funcionarias de la región de Atacama en 2016 que fue deslegitimado por autoridades de gobierno de ese entonces a raíz de un estudio del INE (del que no se tuvo mayor detalle metodológico) que señalaba que el costo de la vida en la Región de Atacama era una de las más bajas del país. Esta situación afectó dramáticamente la imagen del INE y por sobre todo generó un amplio rechazo en la ciudadanía, debiendo dar explicaciones los y las trabajadoras en terreno a quienes insultaban y rechazaban por el cuestionable manejo político a partir de cifras INE.

 

En este sentido,actualmente se está debatiendo el proyecto de ley que sustenta el nuevo Sistema Estadístico Nacional (SEN) donde el INE y sus funcionarias y funcionarios adquieren mayores responsabilidades y castigos en el caso de divulgación de información. De esta manera, queremos reivindicar la necesidad imperiosa de que el proyecto de ley considere dentro de nuestros salarios el secreto estadístico, tal como ocurre con el secreto tributario del SII. Esto no solo con el objetivo de mejorar nuestras condiciones salariales, que se encuentran dentro de las más precarias del gobierno central, sino también porque debe ser un reconocimiento histórico a la importante función pública que cumplimos al producir las estadísticas oficiales que tienen por objeto el mejoramiento de las políticas públicas.

 

5.      Revindicar la figura del funcionario y funcionaria pública.

Para finalizar, hacemos un llamado a todos y todas quienes se desempeñan en instituciones públicas a reivindicar el trabajo en el Estado, en todos sus servicios e instituciones, y a fortalecer nuestras organizaciones de funcionarios y funcionarias independiente de nuestra relación contractual (honorario, contrata o planta), para velar por nuestros derechos laborales y también por la calidad del trabajo desarrollado, y así seguir fortaleciendo las instituciones que aporten a la ciudadanía y el país.

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