Una investigación liderada por la Aduana Metropolitana permitió destapar un esquema de subvaloración de mercancías y uso de documentación falsa en operaciones de importación realizadas a través del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella por contrabando reiterado contra el representante legal de una empresa importadora, luego de comprobar irregularidades en dos operaciones que, en conjunto, superan los 86 millones de pesos en valor real de los productos.

El caso se inició a partir de alertas generadas por la Unidad de Inteligencia y Análisis, que detectó patrones sospechosos en las declaraciones de ingreso de la empresa Xiyu Internacional SpA. Estas señales activaron fiscalizaciones que incluyeron revisiones físicas de las cargas.

En el primer procedimiento, se declararon más de 3 mil soportes para celulares por un valor cercano a mil dólares. Sin embargo, al momento de la inspección, los fiscalizadores detectaron una gran variedad de productos —como accesorios electrónicos y herramientas— cuyo valor real superaba los 54 mil dólares, evidenciando una importante diferencia y tributos no pagados por más de 11 mil dólares.

En una segunda operación, se intentó ingresar cerca de 1.900 artículos tecnológicos, incluyendo baterías externas y relojes inteligentes, también con valores muy por debajo de su precio real. Tras el análisis, se determinó que la carga tenía un valor superior a los 34 mil dólares, con impuestos eludidos que superan los 7 mil dólares.

Según Aduanas, el mecanismo utilizado consistía en declarar mercancías con precios artificialmente bajos y, posteriormente, presentar documentos adulterados para respaldar esos montos cuando se iniciaban procesos de fiscalización.

A raíz de estos antecedentes, se incautó la totalidad de las mercancías involucradas y se dio paso a acciones judiciales. En la querella, actualmente en tramitación, el Servicio solicita una pena de hasta 10 años de cárcel, además de una multa que supera los 431 millones de pesos.

Desde la institución destacaron que este tipo de procedimientos refleja el fortalecimiento de las herramientas de análisis de riesgo y fiscalización, claves para combatir el contrabando, proteger el comercio legal y asegurar el correcto pago de impuestos en el país.