Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de reajuste del sector público, luego de ratificar en tercer trámite constitucional las modificaciones realizadas por el Senado, poniendo fin a una extensa y compleja tramitación legislativa que evitó el paso por comisión mixta.

La iniciativa fija un reajuste total de 3,4% para las y los funcionarios públicos, con un costo aproximado de 1.700 millones de dólares. El incremento será aplicado de manera escalonada: un 2% retroactivo desde diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a contar de junio de 2026, manteniéndose además los beneficios económicos asociados, entre ellos el Bono Término de Conflicto, que fue repuesto en el Senado y ratificado en esta etapa final.

Durante la discusión, el proyecto enfrentó cerca de 22 solicitudes de votación separada, aunque finalmente solo ocho fueron sometidas a votación, luego de que el Partido Republicano retirara la mayoría de sus requerimientos, lo que facilitó su aprobación definitiva.

Uno de los puntos más controvertidos del debate —la denominada “confianza legítima” o “norma de amarre”, vinculada a la estabilidad laboral de funcionarios a contrata— quedó fuera del texto legal. Según se argumentó en el Congreso, esta disposición no logró respaldo suficiente ni en la Cámara ni en el Senado, lo que impidió su incorporación definitiva. Con ello, se descartaron normas relativas a estabilidad en el empleo, causales de despido y materias sindicales, situación que fue criticada por organizaciones del sector público.

No obstante, el proyecto sí incorporó una indicación impulsada por la UDI, originada en el Senado, que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional, elevando el quorum requerido para reclamar ante la mesa de la Cámara cuando un proyecto es declarado inadmisible. La norma fue aprobada con 80 votos, superando el mínimo exigido, y generó cuestionamientos desde sectores oficialistas, que advierten un eventual impacto estratégico en el funcionamiento legislativo.

En el ámbito laboral, también se aprobó la postergación de la normativa de teletrabajo en el sector público hasta marzo de 2027, medida que no formaba parte del acuerdo inicial entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público.

Tras el cierre del trámite, el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, valoró la aprobación de los componentes económicos del proyecto, señalando que “están todos los pilares en materia económica aprobados, incluido el Bono Término de Conflicto”. Sin embargo, confirmó que las normas sobre estabilidad laboral y derechos sindicales fueron rechazadas durante el proceso.

En este contexto, la ANEF anunció la realización de una Asamblea Extraordinaria Nacional los días 5 y 6 de marzo, instancia que reunirá a dirigencias regionales, provinciales y organizaciones de base, con el objetivo de evaluar el proceso de negociación y definir lineamientos frente al próximo escenario político.

Con el despacho del proyecto, el Gobierno cumple el acuerdo alcanzado en materia de reajuste salarial con la Mesa del Sector Público, aunque el balance final deja posiciones encontradas debido a la exclusión de normas laborales relevantes y la incorporación de disposiciones ajenas al reajuste. La iniciativa quedó ahora a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional para convertirse en ley de la República.

Prensa Anfach

Fotografía Anef.cl