La discusión del proyecto de Ley de Reajuste del sector público ha estado marcada públicamente por el debate en torno al aumento de las remuneraciones. Sin embargo, para las organizaciones de trabajadores, el principal nudo del conflicto no está en las cifras del reajuste, sino en la falta de protección laboral para miles de funcionarios con menos de cinco años de servicio.

El punto más crítico de la negociación es la denominada confianza legítima, también conocida como “ley de amarre”, cuyo objetivo es evitar la no renovación arbitraria de contratos a funcionarios que cuentan con buenas evaluaciones y un desempeño acreditado. Inicialmente, desde el mundo sindical se planteó que esta protección se reconociera a partir de dos años de antigüedad, como una forma de entregar un mínimo de estabilidad laboral.

No obstante, en el marco de la negociación desarrollada en el Congreso, el Gobierno aceptó elevar ese umbral a cinco años, alineándose con el criterio que hoy sostiene la jurisprudencia de la Corte Suprema. Esta definición ha generado preocupación, ya que deja a un número significativo de funcionarias y funcionarios con menos de cinco años de servicio en una situación de alta vulnerabilidad, al no contar con esta garantía frente a eventuales no renovaciones de contrato.

Desde las organizaciones gremiales se advierte que esta decisión implica que, mientras la atención pública se concentra en el reajuste salarial, se posterga una solución de fondo al problema de la estabilidad laboral, manteniendo la precariedad para quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado.

En cuanto al reajuste, la propuesta considera un incremento general cercano al 3,4%, distribuido en tramos, junto a bonos y beneficios específicos que, en algunos casos, pueden aproximarse al 5% para los ingresos más bajos. No obstante, se ha aclarado que no existe un reajuste uniforme del 5% para todos los funcionarios, como se ha interpretado en algunos espacios.

Para las organizaciones sindicales, la disidencia en esta negociación no es técnica ni administrativa, sino política: definir si el Estado está dispuesto a reconocer la confianza legítima como un derecho efectivo y no como una excepción limitada. Mientras ese debate no se resuelva, miles de trabajadores del sector público continuarán enfrentando incertidumbre respecto de su continuidad laboral, pese a cumplir adecuadamente sus funciones.

En ese contexto, como ANFACH reiteramos que nos mantendremos vigilantes y atentos, de manera disciplinada, a la espera de las instrucciones y lineamientos que emanen de nuestra organización madre, la ANEF, actuando siempre de forma coordinada y orgánica, en defensa de los derechos laborales de las y los funcionarios de Aduanas.

Tal como lo planteara Clotario Blest, referente histórico del movimiento sindical chileno,

“Los derechos no se mendigan, se conquistan con unidad, organización y consecuencia”, principios que hoy siguen plenamente vigentes en la defensa del empleo público y la dignidad laboral.

 

DIRECTORIO NACIONAL ANFACH