La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el reajuste de 3,4 % para las y los trabajadores del sector público, tras un extenso debate en particular del proyecto de ley impulsado por el Gobierno, iniciativa que forma parte del proceso anual de actualización de remuneraciones del Estado.
El reajuste considera una aplicación gradual, con un 2 % retroactivo a diciembre de 2025 y un 1,4 % adicional desde junio de 2026, además de ajustes en bonos y asignaciones que impactan directamente a distintos estamentos del sector público, incluidos los servicios fiscalizadores.
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) se observa con atención el desarrollo de esta discusión, entendiendo que el reajuste salarial debe ir acompañado de certezas laborales, estabilidad contractual y un financiamiento fiscal sostenible, aspectos centrales para las y los funcionarios del Estado.
Debate legislativo y definiciones clave
Gracias a la mayoría oficialista en la Comisión de Hacienda, el guarismo fue ratificado, aunque el proyecto deberá enfrentar una votación relevante en la Sala de la Cámara, fijada para este miércoles, instancia donde podrían surgir nuevas indicaciones.
A la salida del Congreso, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el avance del proyecto, destacando que se aprobaron “prácticamente todos los artículos discutidos”, superando los 90 artículos visados durante la tramitación.
Asimismo, enfatizó que el debate permitió avanzar en los acuerdos alcanzados con la Mesa del Sector Público, así como en materias de carácter administrativo y laboral.
Entre las normas aprobadas se encuentra aquella que establece que los funcionarios de asesoría directa a autoridades políticas deberán presentar su renuncia a más tardar el 11 de marzo, disposición que fue aprobada con votos en contra de la oposición.
Norma de “amarre” y reparos institucionales
Uno de los puntos más debatidos del proyecto dice relación con la denominada “norma de amarre”. Tras los reparos formulados por la Contraloría General de la República, el oficialismo desistió de la indicación que buscaba extender de dos a cinco años el plazo mínimo de permanencia en el Estado para que funcionarios desvinculados pudieran reclamar un despido.
De este modo, se mantuvo la redacción original, que fija en dos años de contrata el requisito para presentar reclamaciones, materia que sigue siendo observada con preocupación por organizaciones gremiales, al estar directamente vinculada a la estabilidad laboral.
Preocupación por financiamiento y seguimiento gremial
En paralelo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que el reajuste implicará un importante esfuerzo fiscal, estimando un déficit de financiamiento que podría superar los 800 millones de dólares, lo que abre un debate sobre la sostenibilidad de la medida.
La organización gremial continuará monitoreando la tramitación del proyecto, a la espera de lo que ocurra en la votación de Sala y de eventuales definiciones que impacten directamente a las y los funcionarios de Aduanas.
