Durante la jornada de ayer, martes 20 de enero, el Senado aprobó en general y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley de reajuste del sector público para el año 2026, iniciativa que contempla beneficios económicos para las y los funcionarios del Estado. Sin embargo, la Cámara Alta volvió a rechazar una serie de disposiciones conocidas como normas de “amarre”, promovidas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La iniciativa fue respaldada por 28 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, aprobándose tanto la idea matriz como aquellas normas que no requirieron votación separada ni presentaron indicaciones. El proyecto considera un reajuste global del 3,4% para el sector público, desglosado en un incremento retroactivo del 2% correspondiente a diciembre y un 1,4% adicional a contar de junio del presente año. El costo fiscal estimado para 2026 asciende a US$1.775 millones.

Junto con el reajuste, se aprobaron bonos y aguinaldos para las y los trabajadores públicos, además de la prórroga del teletrabajo hasta el 1 de marzo de 2027.

No obstante, el Senado rechazó diversas normas relevantes. Entre ellas, las que obligaban a los funcionarios de confianza a presentar su renuncia a más tardar el 11 de marzo, así como aquellas que buscaban establecer por ley un procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República basado en el principio de confianza legítima. Estas disposiciones no alcanzaron el quórum requerido, pese a que el Ejecutivo intentó dividirlas en indicaciones separadas, incluyendo la fundamentación del despido y un plazo de cinco años para reclamar ante la CGR.

También fueron desestimadas las normas relacionadas con el cese de funciones, la imputación del gasto, el endurecimiento de los requisitos para desvincular a funcionarios a contrata, la ampliación del giro de Correos de Chile y las disposiciones sobre libertad sindical.

Durante el debate, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que en el Gobierno Central existen cerca de 100 mil funcionarios de planta y alrededor de 287 mil trabajadores a contrata, muchos de los cuales cumplen funciones permanentes. En ese contexto, el Ejecutivo buscaba que las no renovaciones de contrata se realizaran mediante actos administrativos debidamente fundados, lo que finalmente fue rechazado por la Sala.

Asimismo, la Cámara Alta desestimó la norma que establecía la obligación de la Contraloría de pronunciarse en casos de funcionarios a contrata con cinco o más años de servicio que reclamaran por su desvinculación, siempre que dichos casos no estuvieran judicializados.

Tras su despacho, el proyecto será revisado este miércoles 21 de enero en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a partir de las 10:00 horas, donde continuará su tramitación legislativa.